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Una de las pocas cosas que me harían entrar en política sería contribuir a que mi país se convirtiera en un Estado 100 % digital. Un Estado en el que el 100 % de los trámites y servicios públicos estén digitalizados y sean accesibles online —desde votar en las elecciones a solicitar el divorcio—, un objetivo del que soy firme y absoluto defensor.
Sin embargo, parafraseando a Evelyn Beatrice Hall, aunque nunca la use, defenderé a muerte la existencia de una alternativa analógica real para todo trámite y servicio público.
Primero, porque esa digitalización no puede hacerse a costa de lesionar los derechos de colectivos especialmente vulnerables.
La Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas reconoce, con excepciones, que las personas físicas puedan elegir si se relacionan con la Administración por medios electrónicos, y prevé asistencia para utilizarlos. Desgraciadamente, este año he podido comprobar cómo en la práctica no siempre es así.
En mayo, mi suegro sufrió un percance cardiaco a 450 kilómetros de casa. Ni él —que estaba ingresado en la UCI— ni mi suegra fueron capaces de acceder a su historial médico a través del móvil. Pero es que tampoco pudieron en el hospital donde le atendieron, aunque, en teoría, deberían. Finalmente, tuve que ser yo el que consiguiera el historial y lo reenviara a sus médicos.
Un par de meses más tarde, mi prima —que tiene una discapacidad intelectual relevante— me pidió ayuda para poder inscribirse en un curso de empleabilidad que impartían en el centro ocupacional al que acude. Un requisito para completarlo era asistir a unas clases online a través de Zoom. No podéis imaginar el esfuerzo que supuso guiarla a distancia para que lo instalara en su ordenador.
Nadie debería depender de sus familiares para poder ejercer sus derechos, pero, hoy por hoy, hay una gran diferencia entre que un servicio público exista y que una persona pueda utilizarlo en sus circunstancias reales.
La segunda razón por la que creo que esas alternativas analógicas deben existir es por pura resiliencia.
Aunque una persona sea capaz de utilizar un servicio digital, puede quedarse sin batería, perder el móvil o encontrarse con una caída del sistema. Como, por ejemplo, durante el pasado apagón del 28 de abril de 2025. Esas cosas que nunca pasan hasta que pasan.
Y debemos distinguir entre la atención humana y la resistencia al fallo. Una oficina con una persona que introduce tus datos en un ordenador puede resolver problemas de accesibilidad, pero para poder seguir atendiendo a los ciudadanos durante una crisis necesita además un procedimiento de contingencia que conozca y practique frecuentemente.
Por último, hay una tercera motivación que suele ridiculizarse y asociarse con gorros de papel de plata, cuartos milenios y teorías de la conspiración, que es la posibilidad de dejar una parte de nuestra vida privada fuera del escrutinio de la Administración.
¿A algunos de vosotros os ha abierto una inspección la Agencia Tributaria? A mí sí. En 2020, decidimos trasladarnos de Madrid a Galicia, pero Hacienda cuestionó que lo hiciéramos cuando realmente lo hicimos, así que tuve que demostrar que durante la mayor parte del año seguía viviendo en Madrid, que es donde tributé.
Cuando lo acredité, me exigieron algo tan razonable como equilibrado: acceso a TODOS los movimientos de TODAS las cuentas bancarias en las que constara como autorizado, incluidas las de mi madre. Supongo que, ya que pasaban por ahí, para ver si podían encontrar algo.
No tengo nada que ocultar —y, efectivamente, nada encontraron—, pero me pareció un ataque a mi intimidad tan arbitrario como desproporcionado.
No sé vosotros, pero yo apenas uso efectivo. Mis movimientos bancarios son una radiografía de mi día a día. Y aunque creo que lo único que puede llamar la atención de nuestras finanzas personales es el desproporcionado gasto en Nestea sin azúcar, imaginad que no fuera así.
Imaginad que tuviera «gustos peculiares». Tanto que pudieran afectarme personal y profesionalmente si se hicieran públicos. Aficiones legales, pero también perturbadoras como, por ejemplo… ser socio del Celta de Vigo.
Si me hubiera dado por ahí, preferiría que nadie lo supiera. Ni los inspectores de Hacienda ni mucho menos mi mujer, que es deportivista acérrima. Para evitarlo, es probable que pagara mi abono en efectivo. Una preferencia completamente legítima, pero inviable si el euro digital fuera la única moneda de curso legal.
Hoy por hoy, ese escenario no es más que una mala distopía, pero algún día podría dejar de serlo, por mucho que las autoridades europeas digan que nace como un complemento del efectivo, no un sustituto.
En 2016, el 79 % de los pagos presenciales en la eurozona se hacían con efectivo. Apenas ocho años después, en 2024, ya eran solo el 52 %. ¿Cuántos serán en 2032?
Y eso, de nuevo, es la clave: que la distancia entre la regulación que garantiza la voluntariedad del uso de un servicio digital y su aplicación, en la práctica, es cada vez más grande.
Un distanciamiento tan imparable como sutil. Por supuesto que puedo pagar con efectivo en el supermercado de mi barrio, pero si quiero usar las cajas rápidas, solo puedo pagar con tarjeta. Pensad en vuestro día a día y encontraréis muchos más ejemplos que pasan inadvertidos.
No es cuestión de creer en los Illuminati o que la vacuna del COVID-19 fue una excusa para inocularnos chips, sino de asumir la certeza de que, en un mundo digitalizado al 100 %, sería posible reconstruir el 100 % de nuestros actos y más daño podría causar alguien que abusara del acceso a esa información.
Solo leo prensa y libros en formato digital, pero me gusta pensar que si no quisiera que un tercero supiera qué libros y periódicos leo —incluso qué partes o noticias me interesan más—, podría adquirir una copia física. Una posibilidad que, ni mucho menos, podemos dar por hecho que existirá siempre.
Por eso, aunque apoyo la digitalización completa de la Administración y creo que supondría un avance disruptivo para mi país, siempre apoyaré la necesaria redundancia analógica. Y estoy dispuesto a pagar los impuestos necesarios para financiarla, aunque yo no la utilice nunca.
La digitalización debe ampliar nuestras posibilidades sin convertir su uso en una condición para participar en la sociedad. La inclusión, la continuidad del servicio y la privacidad justifican conservar una alternativa analógica real.
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