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OpenAI nació como una organización sin ánimo de lucro para construir una inteligencia artificial que beneficiara a toda la Humanidad. El problema es que la Humanidad no paga facturas de hosting.
Cuando una tecnología es capaz de alterar por completo el tablero geopolítico —como en su día, las armas nucleares— lo que se espera de nuestros representantes es una deliberación pública y responsable que culmine en la firma de tratados internacionales para establecer las reglas de juego y perseguir el interés general.
Sin embargo, el episodio que mejor nos permite entender qué está pasando con la IA no es un proceso político, sino un pleito entre dos multimillonarios, peleando por determinar quién traicionó antes esa promesa fundacional.
OpenAI no nació como una startup normal. Nació del miedo a que una tecnología capaz de cambiar el mundo acabara en manos de una sola empresa.
Esa empresa era Google.
Musk llevaba tiempo preocupado por la visión de Larry Page sobre la inteligencia artificial que consideraba que, si esta tomaba conciencia de sí misma y algún día superaba a los humanos, simplemente había que aceptarlo como una nueva etapa en la evolución.
En 2014 intentó impedir que Google comprara DeepMind, uno de los laboratorios de IA más prometedores del mundo.
No lo consiguió, así que, cambió de estrategia. Si no podía evitar que Google desarrollase la AGI, crearía un contrapeso. Algo abierto, distribuido y sin accionistas a los que rendir cuentas. Una especie de Linux de la inteligencia artificial.
En diciembre de 2015 nació ese algo: OpenAI, una organización sin ánimo de lucro, copresidida por Sam Altman y Elon Musk, que prometía publicar sus investigaciones, compartir código y desarrollar la IA para beneficio de toda la sociedad.
Tres años después, aquella promesa se concretó en sus famosos estatutos.
La misión no era desarrollar la AGI o inteligencia artificial general —capaz de realizar cualquier tarea intelectual igual o mejor que un humano—, sino asegurarse de que esta beneficiara a todos, no solo a unos pocos.
Hasta incluyeron una cláusula en la que, en el caso de que otro proyecto alineado y preocupado por la seguridad se acercara antes a la AGI, se comprometían a dejar de competir y enfocarse en ayudarle a conseguirlo.
Era una idea noble —casi heroica— y, también, escrita antes de que alguien pusiera encima de la mesa la factura del hosting.
Y entonces empezaron los problemas. Porque, para evitar que la AGI quedara en manos de una gran compañía tecnológica, tenían que competir con todas ellas de tú a tú.
Y eso cuesta dinero. MUCHO dinero.
En 2019 crean OpenAI LP —una estructura empresarial, pero con beneficios limitados— diseñada, según su propia explicación, para atraer el capital y el talento que necesitaba para cumplir su propósito.
Pero OpenAI no creó una empresa con ánimo de lucro porque hubiera dejado de creer en su misión, sino porque creía demasiado en ella como para quedarse sin dinero antes de cumplirla.
Los inversores y empleados podrían ganar dinero, sí, pero hasta un límite. El resto sería para la matriz sin ánimo de lucro original.
En teoría, una suerte de capitalismo con cinturón de seguridad. En la práctica, el primer reconocimiento público de que «la Humanidad» es un usuario agradecido, pero un pagador pésimo.
Entonces llegó Microsoft.
OpenAI necesitaba infraestructura para entrenar sus modelos; Microsoft, una ventaja competitiva para Azure. Capacidad de cómputo a cambio de una relación privilegiada con la empresa. Una alianza perfecta.
Perfecta, pero no gratis.
Por eso, en 2025, con la justificación de que ofrecer IA a escala mundial requeriría cientos de miles de millones o incluso billones de dólares, va más allá.
OpenAI LP se reestructuró en OpenAI Group PBC, una empresa «normal» donde los beneficios dejaban de estar limitados y en la que Microsoft tenía una participación de alrededor del 27 %, valorada en 135.000 millones de dólares. Eso sí, la organización sin ánimo de lucro aún tenía el control. Al menos, nominalmente.
La misión seguía siendo la misma. Lo que había cambiado era todo lo demás.
Pero para Elon aquella deriva no era una evolución inevitable sino una traición a su espíritu fundacional. En febrero de 2024, demandó a OpenAI, Sam Altman y Greg Brockman —otro de los cofundadores y mano derecha de Altman— acusándoles de haber vendido una organización sin ánimo de lucro.
Esta semana se conoció el veredicto. Sin entrar en dilucidar quién tenía razón, el jurado falló en contra de Musk por haber presentado la demanda demasiado tarde.
Pero la sentencia es lo de menos. Lo más relevante del juicio son las comunicaciones internas presentadas como prueba, porque permiten entrever cómo son realmente quienes se supone que nos están guiando hacia la AGI.
Si la historia acabara aquí, Elon parecería un «ser de luz» preocupado solo por el bien de la especie humana. Sin embargo, OpenAI presentó correos y mensajes que mostraban un lado bastante menos épico del magnate: en 2017, cuando se empezó a discutir la necesidad de crear una estructura con ánimo de lucro, Elon no solo no se opuso, sino que exigió tener el 90 % de las acciones y ser CEO. Al no conseguirlo, propuso fusionarla con Tesla.
Es decir, Musk no parecía estar en contra de que OpenAI tuviera una estructura empresarial, sino de que esa estructura no estuviera bajo su mando.
Sam Altman tampoco ha salido mucho mejor parado.
Ilya Sutskever, cofundador de OpenAI y miembro de su junta de gobierno, se pasó más de un año confeccionando un memorando de 52 páginas con ejemplos de cómo Altman habría mentido a sus ejecutivos, socavado su trabajo y enfrentado a unos con otros.
Mira Murati, CTO de OpenAI y también miembro de la junta, testificó que le había mentido sobre la supuesta aprobación del departamento legal para saltarse la revisión de seguridad de un modelo y dejó por escrito que provocaba un «pánico constante» como estrategia para acelerar los proyectos, generando un caos permanente.
La junta llegó a despedir a Altman por falta de confianza, pero ante la amenaza de Microsoft de contratarlo para montar un OpenAI paralelo y la dimisión de casi toda la plantilla —que temía que sus preciadas acciones perdieran valor— tuvo que readmitirlo cinco días después.
¿Seguro que la organización sin ánimo de lucro seguía teniendo el control?
El juicio no ha resuelto si OpenAI ha traicionado su misión original, pero al menos sí ha servido para levantar la alfombra.
Y, debajo, no han aparecido dioses, sino humanos —como todos nosotros— con nuestras grandezas y también nuestros defectos.
Eso es lo verdaderamente preocupante. No que Musk o Altman sean contradictorios —todos lo somos— sino que una tecnología capaz de afectar a toda la Humanidad esté siendo gobernada por dinámicas tan pequeñas: egos, envidias y stock options.
Por eso el futuro de la AGI no debería ser un asunto privado entre emprendedores, inversores y abogados de California, sino un debate político global de primer orden.
No para convertirlo en otra trinchera partidista, sino para decidir entre todos desde la responsabilidad qué riesgos estamos dispuestos a asumir, quién debe tener el control, qué límites no se deberían cruzar y qué infraestructuras deberían ser públicas o al menos auditables.
Pero nuestros políticos, por desconocimiento o por interés, se han inhibido de ese debate.
Y nosotros se lo permitimos.
Así que ese vacío lo han ocupado Microsoft, Google, Meta, Amazon, OpenAI, Anthropic y el resto de los que estén dispuestos a pagar el carísimo ticket de entrada a la fiesta.
No es una conspiración, sino algo peor. Pura ceguera política presentada como inevitabilidad histórica.
Hoy, la pregunta no es ya si OpenAI persigue el interés general o el de sus accionistas y empleados, sino quién está haciendo cargo de la factura y por qué.
Porque la Humanidad no está pagando el hosting y quien lo hace rara vez se conforma con mirar desde la barrera.
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