Tienes que criar a tu hijo sin ayuda. Ya no sabes cómo estirar el salario. Se acerca el invierno y solicitas el bono social eléctrico, para no tener que decidir si el crio debe pasar hambre o frio y te lo deniegan a pesar de cumplir todos los requisitos.
 
¿Por qué? Nadie lo sabe. La decisión no la toma un funcionario, ni tampoco un político sino un software llamado Bosco.
 
Bosco se ejecuta de forma automática y sin supervisión para decidir si eres lo bastante pobre para que el Estado te ayude a calentar tu casa. El problema es que es una maldita caja negra. Nadie, salvo la Administración, puede mirar dentro. Ni tú, ni yo, ni siquiera un juez que trate de entender si la decisión es justa.
 
Hace ocho años, ante la constatación de que estaba cometiendo errores, la fundación Civio pidió que se publicase el código fuente de Bosco para poderlo auditar. No los planos secretos del búnker de La Moncloa o la transcripción de las conversaciones del Consejo de Ministros, sino el programa que decide si debemos ayudar a alguien a calentar su casa.
 
Ante el silencio administrativo del Ministerio para la Transición Ecológica, Civio reclamó ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG). El CTBG concedió el acceso a la documentación técnica y a los resultados de las pruebas, pero denegó el acceso al código fuente, argumentando que estaba protegido por el derecho de propiedad intelectual.
 
Propiedad Intelectual, sí… un código que hemos pagado entre todos, que nos pertenece y no tiene ninguna aplicación comercial.
 
Civio llevó el caso a los tribunales. En diciembre de 2021, el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo desestimó el recurso, añadiendo al argumento de la propiedad intelectual, el de «peligro para la seguridad pública».
 
Según técnicos del Centro Criptológico Nacional —dependiente ni más ni menos que del Centro Nacional de Inteligencia, el CNI, «nuestra CIA»—, en términos generales la difusión del código fuente de cualquier programa permitiría ataques y la exposición de bases de datos sensibles.
 
Esta afirmación es un insulto a la inteligencia para cualquiera que tenga un mínimo conocimiento informático. Tanto que merece la pena explicárselo a los muggles que no tienen superpoderes de programación: excepto que el código lo haya hecho un niño de 8 años o el mayor chapuzas del universo, las contraseñas y datos de configuración que permiten el acceso a una base de datos nunca se incluyen en el código sino en un fichero o entorno aparte. No ya por seguridad sino por algo tan lógico como no tener que modificar el código CADA VEZ QUE CAMBIEN.
 
O nos están tomando el pelo o el código que usa la Administración es un problema de seguridad nacional en sí mismo y debería ser modificado inmediatamente.
 
Inmune al desaliento, Civio apeló la decisión, pero en abril de 2024 la Audiencia Nacional volvió a fallar en contra, apelando a un informe de Marcos Díaz Martínez, Subdirector General de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, que afirmó —entre otras cosas— que revelar el código fuente de Bosco podría hacer que se utilizara «la infraestructura de cómputo del Ministerio para la minería de criptomonedas». No es broma, podéis leerlo vosotros mismos.
 
Si alguna vez tuviera que afirmar algo así de un código que se hubiera desarrollado bajo mi supervisión, creo que lo siguiente que presentaría junto al informe sería mi dimisión.

Finalmente, Civio llevó el caso llegó al Tribunal Supremo que, el pasado 9 de septiembre, finalmente le daba la razón en una sentencia de 80 páginas que varios me habéis enviado directamente, para que la comentara en esta humilde lista de correo, y muchos han calificado de «histórica».
 
Y lo es. El Tribunal Supremo determina que los sistemas de toma de decisiones automáticas utilizadas por las administraciones públicas deben ser transparentes para el ciudadano.
 
E invierte la carga de la prueba. El Tribunal Supremo dictamina que, si se esgrime la seguridad nacional para limitar esa transparencia, la administración debe explicar por qué se pone en peligro.
 
A partir de ahí, disculpadme si bajo un poco el suflé.
 
Como socio de Civio desde 2020 conocía el proceso de primera mano y, aunque comparto el entusiasmo de la mayoría, no tengo ninguna duda de que la ejecución de esta sentencia se dilatará todo lo posible.
 
La propia Civio tardó más de un año en recibir una simple hoja Excel con los pasajeros de distintos vuelos oficiales, algo que —a pesar de tener una sentencia favorable— solo sucedió cuando el juzgado amenazó a la Administración con acciones penales.
 
¿De verdad creéis que si mañana exigimos que Hacienda muestre los algoritmos que clasifican automáticamente a algunos contribuyentes como «de riesgo» nos los va a mostrar? ¿Y los que asignan una plaza en la universidad? ¿Y los que determinan si un preso debe permanecer en prisión?
 
No puedo dejar de pensar que el caso Bosco ha pasado por decenas o centenares de manos. Funcionarios como jueces, subsecretarios, ministros, abogados del estado y hasta un Subdirector General de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones; y, aparentemente, a ninguno les ha chirriado que un código fuente que puede determinar los derechos y responsabilidades de los ciudadanos no esté a su entera disposición, que son los que lo pagan y a quienes debe servir.
 
La sentencia Bosco deja una sensación agridulce porque, a pesar de sus logros para construir una democracia digital, también deja entrever una Administración que parece que olvidó hace mucho tiempo que está subordinada al servicio público, no al servicio de sí misma.

Espero que los miembros de esa Administración y los ciudadanos que con sus votos permiten que el sistema se perpetue tengamos claro que si un programa puede determinar nuestros derechos y deberes, conocer su código fuente es imprescindible para que exista una verdadera democracia.

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