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En España, cuando se constituye una sociedad, cambia de administrador, entra en concurso o se disuelve, la ley obliga a publicarlo. Y se publica. Todos los días, en el BORME.
El problema empieza después.
El dato existe, pero utilizarlo sigue siendo difícil y caro. Está encerrado en boletines que hay que descargar, interpretar y relacionar entre sí. La información es pública; el acceso real, no tanto.
Hay un término para eso: dark data. Lo encontré en un artículo de Pau March sobre transparencia por diseño. Su tesis es que la distancia entre lo que la ley promete y lo que el ciudadano puede hacer con la información «no es, en lo esencial, un problema de déficit normativo, sino de arquitectura documental».
Llevo dos años trabajando con el BORME y esa frase me ordenó la cabeza. Era exactamente lo que estaba viendo sin saber cómo llamarlo. Yo llegué hasta ahí por una razón mucho menos solemne: necesitaba los datos y no había una forma razonable de obtenerlos.
El BOE publica el BORME en XML desde 2009. Es, de hecho, uno de los buenos ejemplos que cita el propio artículo. Pero disponer de XML no resuelve el problema por sí solo.
Hay que interpretar dieciséis años de formatos cambiantes, reconocer una misma sociedad, aunque su nombre aparezca escrito de formas distintas y reconstruir su historia acto por acto. El boletín no publica el estado actual de una empresa, sino acontecimientos sueltos: hoy un nombramiento, dentro de tres años una ampliación de capital y, quizá, mucho después, una disolución.
Además, hay que repetir el proceso cada mañana, porque el archivo completo deja de estarlo en cuanto aparece un boletín nuevo.
Acabé construyendo esa máquina y de ahí salió una API. Pero la parte interesante no fue construirla. Fue lo que apareció cuando pudimos consultar el archivo entero.
Por ejemplo, que una sola dirección de Sevilla reúne 613 sociedades activas. Que en toda España hay 276 direcciones con más de cincuenta. O que un mismo nombre aparece vinculado a 338 sociedades que acabaron disueltas en un plazo de veinticuatro meses. Las cifras llaman la atención, pero no demuestran por sí solas ninguna irregularidad.
Una dirección puede corresponder a un centro de negocios que domicilia legalmente a cientos de empresas. Una persona puede administrar una cartera de sociedades dentro de un vehículo de inversión —en el sector energético, por ejemplo, es habitual crear una sociedad para cada proyecto—, y dos personas pueden compartir nombre y apellidos, porque el BORME no publica un identificador personal que permita distinguirlas.
Cada dato, por separado, puede ser perfectamente normal. Los patrones solo aparecen al reconstruir el archivo completo. Y ni siquiera entonces responden una pregunta: simplemente permiten formularla.
Eso ya resulta útil, pero al intentar cruzar el BORME con otras fuentes públicas aparece un problema más básico.
El artículo de March habla sobre todo de las carencias de formato: documentos donde debería haber datos estructurados, PDFs donde debería haber una tabla. Sin embargo, existe una segunda capa de dark data que no se arregla convirtiendo un documento a XML.
El BORME no tiene un campo de NIF.
Algunas veces aparece dentro del texto libre de un concurso o de un apartado de «otros conceptos». Para complicarlo más, cuando está en concurso de acreedores, puede corresponder al administrador concursal y no a la sociedad de la que habla el anuncio.
No se puede extraer automáticamente sin riesgo de atribuir el identificador equivocado. Y sin ese identificador estable da igual lo impecable que sea el XML. No es posible cruzar de forma fiable y sistemática una sociedad del BORME con las subvenciones que ha recibido, los contratos públicos que ha ganado o el listado de grandes deudores de Hacienda.
Cada fuente puede ser transparente por separado y, al mismo tiempo, el conjunto seguir siendo opaco. Para resolverlo reconstruimos el NIF de más de medio millón de sociedades utilizando veintidós fuentes públicas españolas y europeas. Cada identificador conserva su procedencia para que se pueda comprobar de dónde salió. Necesitamos meses de trabajo.
Lo llamativo es que todas esas fuentes sí publican el NIF. Por eso fue posible recuperarlo. El dato no falta en veintidós organismos distintos sino solo en uno. Precisamente, en el registro que debería servir como punto de partida para buscar información sobre una empresa.
Dicho de otra manera: el Estado ya conoce el dato y lo publica, pero hay que salir a buscarlo por veintidós sitios para poder volver a unirlo con el registro donde nació la sociedad.
Nadie ha escondido nada. No hace falta imaginar una conspiración ni una resistencia deliberada. Cada organismo ha publicado lo que tenía que publicar y, en muchos casos, lo ha hecho razonablemente bien. Sencillamente, nadie recibió el encargo de hacer que todas las piezas encajaran.
Y eso deja dos preguntas.
La primera es ¿cruzan las Administraciones entre sí sus propios datos? Y si no lo hacen, ¿por qué no? El problema técnico no es especialmente difícil. Es largo, aburrido y poco vistoso, que es distinto.
La segunda es más incómoda: si ya realizan esos cruces, ¿por qué el conocimiento resultante no vuelve al ciudadano que lo financia y al que, en teoría, pertenece?
Un dato público que no se puede encontrar, procesar o relacionar cumple la ley, pero sirve de poco.
Por eso creo que Pau March tiene razón: para conseguir una Administración más transparente no necesitamos más normas ni tampoco más presupuesto, sino diseñar las bases de datos públicas para que pueda utilizarse. Y que los funcionarios y cargos electos se responsabilicen de garantizar esa utilidad.
En el caso del BORME solo hace falta una columna y, eso sí, la voluntad de hacer el ALTER TABLE.
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