Estoy convencido de que crees que vives en un Estado soberano e independiente, pero ¿lo es realmente?

La soberanía implica poder absoluto para gobernar un territorio sin interferencias externas. En el pasado, los países reclutaban ejércitos para asegurarla. Hoy ya no es suficiente.

Porque ¿hasta qué punto es soberana una nación donde la tecnología que necesita para gestionar sus infraestructuras críticas depende de un tercero?

La soberanía digital implica tener autonomía sobre el software, el hardware, las redes y el almacenamiento necesarios para gestionar la materia prima más cara —y peligrosa— del mundo: la información.

La mejor metáfora para entender nuestra situación actual es que tenemos las llaves de nuestra vivienda, pero el cuadro eléctrico está en casa de otro, que puede apagarlo cuando quiera.

La Administración española colapsaría en menos de 24 horas sin los productos de Microsoft o Amazon. Los mails se transmiten con Exchange, las aplicaciones sanitarias se alojan en Google Cloud y los ministros llaman desde móviles fabricados en Asia.

Ni siquiera los sistemas de Justicia o Defensa están a salvo. Nada menos que las escuchas telefónicas efectuadas por orden judicial se almacenan en dispositivos Huawei, pese a las advertencias del CNI, que sospecha que los dispositivos del proveedor chino son un «caballo de Troya». Y no hace falta explicar que pasaría con nuestra Fuerza Aérea sin repuestos estadounidenses. Incluso los muy europeos Eurofighters llevan un 20 % de componentes de EE. UU.

El resto de la Unión Europea está en una situación similar. Según Eurostat, el 66 % de las apps públicas europeas se ejecutan en nubes de Amazon, Microsoft o Google, alojadas fuera del continente, sobre chips taiwaneses.

Con este panorama, se entiende que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, admita que pagar un 15 % de aranceles a EE. UU. por exportar sin imponer nada a cambio es «el mejor acuerdo al que podíamos llegar». Un trato humillante para un Estado soberano, pero aceptable para un vasallo digital.

Una realidad que puede sorprender a más de uno, pero desde luego no a nuestros políticos. La Unión Europea ha impulsado múltiples iniciativas para tratar de recuperar su soberanía digital. EuroStack, por ejemplo, busca desarrollar un stack tecnológico completo: desde la infraestructura al software. Desde el chip hasta la app para encontrar la heladería más cercana.

Este PDF de 128 paginazas en el que se describe el proyecto, es uno de los estudios más exhaustivos disponibles sobre lo que supondría recuperar la soberanía digital. A ver en qué acaba.

Porque las buenas intenciones y miles de millones de dinero público no garantizan nada. Bruselas tiene un largo historial de «catedrales tecnológicas» que no han valido para nada más que grandes corporaciones con buenos contactos políticos den un buen mordisco a nuestros impuestos.

¿Alguien se acuerda de FIWARE? En el Future Internet Ware nos dejamos 400 millones de euros. Calderilla en comparación con lo que quemamos en el «Kit Digital» para digitalizar nuestras pymes. 3.000 millones después, hemos conseguido que muchas fruterías tengan página web, cuenta en Instagram y un portátil nuevo.

Hasta ahora, nuestros políticos han regado con cantidades ingentes de dinero público una iniciativa tras otra mientras fallan en lo más básico: ponerse de acuerdo.

Es indignante que aún no se exija que todo software pagado con dinero público sea open source ni se impulse su reutilización. Un informe de CENATIC de 2013 estimaba que esa falta de coordinación nos cuesta entre 114.000 y 342.000 millones de euros al año.

Y, si queremos recuperar nuestra soberanía digital, necesitaremos ese dinero. Para entender la magnitud de la inversión necesaria, solo para crear una réplica alemana de una nube como AWS —aislada del resto de la nube y cumpliendo todas las regulaciones de privacidad y protección de datos—, Amazon estima que necesitará 7.500 millones de euros.

En España esa descoordinación alcanza las cotas más altas, no por incompetencia o desidia, sino por una clara voluntad ideológica. Se da la triste paradoja de que, en su empeño por lograr por encima de todo la mayor soberanía política en los territorios en los que gobiernan, nuestros dirigentes nos alejan cada día más de una verdadera soberanía digital.

Fue especialmente bochornoso ver como las distintas Administraciones se tiraban los trastos a la cabeza para conseguir que la flamante Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial se ubicara en su territorio. Que no tenga mucho que supervisar parece importarles menos.

Tenemos 17 gobiernos autonómicos más ocupados en proteger y aumentar su cuota de poder que en contribuir al bien común. Solo así se entiende que existan 17 sistemas informáticos de salud pública, muchas veces creados por el mismo proveedor, con funcionalidades prácticamente idénticas.

Nuestra legislación obliga a las Administraciones a reutilizar y actualizar software público antes de contratar nuevas aplicaciones, pero no impone penalización alguna si esa reutilización no se produce. Esa absoluta falta de responsabilidad es el principal fallo del sistema, pero también señala qué debemos hacer para recuperar nuestra soberanía.

Porque, a pesar del derrotismo actual, podríamos hacerlo. No olvidemos que la Web se inventó en el CERN, que en los 80 Europa lideraba la microinformática doméstica y en los 90 dominaba la telefonía móvil y fabricaba cerca del 30 % de los chips del mundo.

Tenemos la capacidad y los recursos necesarios. Lo que nos falta es verdadera voluntad política. Que nuestros representantes asuman que, sin soberanía digital, la soberanía territorial es puro teatro. Y si no lo asumen, que les obliguemos a hacerlo con nuestros votos.

En 2025, un país no es soberano porque pueda elegir cómo gobernarse sino porque podría desconectarse y seguir funcionando. No poder hacerlo nos ha costado hoy un 15 % de aranceles, pero mañana podría salirnos mucho más caro.